La Fiscalía General de la República Federativa de Brasil presentó ante la Corte Suprema una denuncia penal contra el diputado federal Eduardo Bolsonaro, por presunta coacción a la Justicia durante el proceso que condenó a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, a más de 27 años de prisión, por la conspiración golpista de enero de 2023.

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La acusación, impulsada por el fiscal general Paulo Gonet, también incluye al productor e influencer Paulo Figueiredo, aliado de la familia Bolsonaro, por actuar desde Estados Unidos para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) y revertir la sentencia.

De acuerdo con la denuncia, Eduardo Bolsonaro y Figueiredo viajaron a Estados Unidos en marzo de 2025 con el objetivo de obtener apoyo del Gobierno de Donald Trump para imponer sanciones económicas contra Brasil y sus autoridades judiciales.

Estas acciones buscaban interferir en el proceso penal contra Jair Bolsonaro, quien el 12 de septiembre de 2025 fue condenado por liderar una conspiración golpista para mantenerse en el poder tras su derrota electoral en 2022. Otros siete altos funcionarios, en su mayoría militares de alto rango, recibieron condenas similares por participar en la trama.

El fiscal Gonet detalló que los acusados incurrieron en el delito de coacción a la Justicia, definido como el uso de violencia o grave amenaza para favorecer intereses propios o de terceros contra autoridades judiciales.

«La dupla no dudó en arrogarse la inspiración de las sanciones económicas que fueron, como es notorio, impuestas por el Gobierno norteamericano», afirmó Gonet en el documento presentado a la Corte Suprema. La Fiscalía solicitó informar al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, sobre la denuncia contra Eduardo Bolsonaro.

Entre las pruebas presentadas destacan las manifestaciones públicas de los acusados en sus cuentas de redes sociales durante los últimos meses. «Anunciaban las sanciones previamente, celebraban cuando eran impuestas y amenazaban con más sanciones si el STF no cedía», refiere el documento.

«Las medidas sancionatorias fueron obtenidas por el esfuerzo de la dupla, conforme los denunciados triunfalmente confesaron», explicó Gonet.

Estas publicaciones amplificaron las gestiones en Washington, donde Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos desde marzo, realiza cabildeo constante para sabotear al actual gobierno de Brasil.

Este lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió las medidas financieras a la esposa de Moraes, Viviane Barci, y a un estudio de abogados ligado al magistrado.

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En una entrevista concedida al diario O Globo, Eduardo Bolsonaro confirmó sus esfuerzos por intensificar las sanciones de Trump como forma de presión judicial.

«Trabajo en ese sentido, estoy informando a las autoridades americanas sobre el arresto y esperamos que haya una reacción. No es tradición en el Gobierno Trump recibir ese desafío de [el juez] Alexandre de Moraes y no hacer nada», declaró el diputado federal.

Tal como subraya la denuncia, estas acciones constituyen una interferencia externa en las instituciones democráticas brasileñas con el fin de obstruir el debido proceso.

Las medidas coercitivas de la administración Trump contra el gigante sudamericano incluyen la suspensión de visas al juez relator del caso, Alexandre de Moraes, y su familia; la inclusión de dicho magistrado en las sanciones bajo la Ley Magnitsky, utilizada por Washington para castigar violaciones a los derechos humanos; así como la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos brasileños que ingresen a Estados Unidos.

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